En respuesta y ampliación al editorial de El Comercio de hoy 29/VII/ 2022
Hay quien considera a la proposición de ley relativa al gravamen a los bancos y eléctricas, un impuesto y quien la considera sanción.En una hipotética y educada sociedad, podría considerarse la posibilidad de que dicho gravamen fuera una aportación, de aquellas empresas con RSC* y ética a raudales, que salen beneficiadas, por diversas causas, en una crisis económica y social globalizada. Así hubiera sido si las empresas aportasen voluntariamente esos 7.000 millones de euros cada dos años al erario público a fin de reducir la desigualdad que nos trajo la guerra, la pandemia quizás consecuencia del cambio climático, la existencia de inoportunos oligopolios, el neoliberalismo económico, todo ello producto de la deseducación reciba globalmente desde hace casi 9 lustros, que se puede resumir en : "Tu sálvate y el que venga detrás que arree"
Pero como las empresas no disponen de semejante cantidad de RSC* ni suficiente ética, hay que aplicarles un impuesto para que la mencionada desigualdad social se reduzca razonablemente. Las constituciones observan medidas para ello y la nuestra también, que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" Por lo que ésta propuesta Gubernamental, muchos la considerarían un impuesto.
Ahora bien, los defensores acérrimos de la libertad de mercado, es decir los neoliberales mencionados, defienden indirectamente la desigualdad social y por ende llaman sanción a lo que debería ser una aportación, que no puede ser por la deseducación social que existe y acaba siendo un impuesto para que esta sociedad no se deshaga con tanta desigualdad que pudiera producir una gran revuelta.
Entiendo que si las explicaciones de Patxi López y Echenique del gravamen fueran lo suficientemente ideológicas, habrían constituido una Banca Pública y una Empresa Eléctrica Pública que compitiera con esas beneficiadas empresas por el actual sistema económico y comprobaríamos las bondades de la medida. El que si está ideologizado profundamente, pero no se dice, porque se descubre el pastel, es nuestro sistema económico. Claro que también podrían ampliar el período de aplicación del gravamen hasta recuperar los 60.000 millones de euros y sus correspondientes intereses para quedar realmente igualados, con la banca y eléctricas, que prácticamente tienen los mismos accionistas y así realmente tener una desigualdad más pequeña, pero nuestra mala educación nos lo impedirá ¿Verdad Sr. Director?
* Responsabilidad Social Corporativa