No es necesaria la condena judicial, para que un político dimita por un malvado hecho, una torticera actitud, o una negligencia. Más aún, si no dimite, deberíamos echarlo a patadas, sin más.
¿Cómo van a representarnos y ordenar recortes, quienes actúan ilegalmente en grupo político o personalmente?
No es el pueblo el torpe o malvado sino sus representantes, que más que tales, son esbirros de otros intereses no populares, sino particulares, privados, que se superponen a los intereses públicos, de todos; en perjuicio de una mayoría y en favor de una poderosa, económicamente hablando, minoría.
Esta es la actitud política de los grupos mayoritarios estatales y autonómicos. Y no permite que la democracia sea, se ejerza, exista. Es decir, los propios pseudorepresentantes populares son la barrera, la rémora, para practicar la democracia real. Tenemos solamente una plutocracia: Preponderancia de los ricos en el gobierno del Estado.
Esta confusión quizás es la que no nos deja sublevarnos contra esta estafa económica y esta crisis social
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